Crónica de los derechos perdidos.

Al comprar un coche has adquirido el derecho de propiedad sobre ese bien y ninguna persona cabal aplaudiría el hecho de que te lo roben.

Si has estudiado lo suficiente y te has doctorado en Medicina, nadie debería impedirte ejercer la profesión de médico, sólo porque en ese momento le venga bien hacerlo.

Los funcionarios de Correos hemos superado una oposición, ejecutada con todos los requisitos y formalidades previstos en la ley, y eso nos otorga el derecho a ser funcionarios, ¡servidores públicos! Ningún ciudadano de bien debería discutirnos ese derecho, tan legítimamente adquirido como los dos primeros que he enunciado.

Mientras el objetivo de la empresa en que trabajamos, Correos y Telégrafos, sea proporcionar a la sociedad un servicio que demanda, a un coste razonable (¡sin más pretensiones económicas!), se estará cumpliendo una condición necesaria, aunque no suficiente, para que podamos ser y sentirnos servidores públicos.

Si por el hecho de que la empresa va a privatizarse; o porque está de moda; o por la razón que sea, resulta que sus verdaderos objetivos pasan a consistir en ganar cuota de mercado; en mejorar ratios (de eficiencia, de rentabilidad...); en elevar cada año los beneficios... en ese caso se estará cumpliendo una condición más que suficiente para que no podamos ejercer el derecho que nos corresponde a desarrollar nuestra vida laboral con arreglo a los cánones de la Función Pública.

Seremos asalariados de esa empresa, y estaremos sirviendo, antes que nada, a los intereses de unos accionistas, sean quienes sean; persiguiendo los objetivos que ellos nos habrán marcado por medio de sus ejecutivos; intereses y objetivos que inicialmente son ajenos a nosotros.

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Éste es, compañeros de los sindicatos que dicen haber entrado en la modernidad, el primero de los derechos que los funcionarios de Correos estamos perdiendo mientras vosotros silbáis, mirando para otro lado. Lamentable.

Pienso que haríais bien en asumirlo e incorporarlo a vuestro discurso, porque empeñaros en cantarnos esa nana cuya letra dice:

“aquí no pasa nada/ a ver, ¿qué derechos se han perdido?/ tranquilos tíos/ estamos salvando 60.000 empleos”

por fuerza os tiene que pasar factura, y no tardando mucho.

Cada vez se lo cree menos gente, aunque solo sea por el poder de persuasión que tienen los hechos que nos afectan directamente y nos gritan a diario que esto no es lo que era, ni lo que debería ser.

Y cuando a alguien se le cae la venda empieza a veros... pues quizás aún peor de como que sois.

A partir de ahí se derivan una serie de pérdidas concretas. Por ejemplo la carrera profesional.

Es evidente, desde esta perspectiva, que para los puestos de responsabilidad no interesa gente con vocación de servicio público que haya promocionado hasta ahí por sus méritos y por su capacidad. Convienen personas que deban el cargo al dedo benefactor, “idóneas” y removibles, para poder sustituirlas si en algún momento dejasen de ser idóneas por cualquier causa.

Aquí no encaja la promoción interna, tal como se entiende en la Función Pública, y por eso no la hay.

Decir que sí la hay porque han sacado 350 plazas para 35.000 funcionarios en siete años, es casi como decir que todos los carteros somos millonarios porque a uno le tocó la primitiva.

Visto desde otro lado: Sea cual sea nuestro puesto, tenemos derecho al beneficio de no sufrir a un capataz, sino a tener un jefe que ha llegado a serlo precisamente por sus méritos y su capacidad; es decir, que probablemente será una persona y un profesional.

Hoy, estamos de suerte, aún podemos encontrar algunos honrosos ejemplares de esta especie, mezclados con trepas, latigueros, acosadores e incompetentes con carné. Pero sólo es por inercia, no porque el sistema lo propicie.

Ya te puedes hacer a la idea de que si un día la cuenta de resultados no brilla en positivo y lo suficiente, esta gente será presionada hasta conseguir que se nos dé una vuelta de tuerca más. Una o las que hagan falta.

Y si tú eres funcionario ¿por qué tiene que importarte el beneficio del accionista, los “bonus” que se reparten nuestros directivos y las cantidades que se destinan a comprar la paz social? Deberías tener derecho a que todo eso te resbale. Pero resulta que no es así. Y probablemente puedas observar que cada vez lo es menos porque te han metido en este embolado, con el beneplácito de nuestros representantes, donde lo que cuenta no es el beneficio de la sociedad en conjunto, sino el de este su cortijito, que por cierto, tiene encomendado el Servicio Postal Universal, un derecho de todos los españoles que se respeta... de aquella manera.

Aunque mi voto es contrario a la privatización de los servicios públicos, desde una postura respetuosamente democrática puedo entender y admitir que nuestros legítimos gestores hayan decidido que Correos y su personal deban conducirse con arreglo a criterios de empresa privada. Pero reconociendo que el personal funcionario no tiene la obligación de participar, de comulgar, con ese proyecto. Por lo tanto tienen que ofrecernos una salida digna, ¡¡ya!! Tendrían que habernos propuesto soluciones, en lugar de parir con nuestros sindicalistas pactos tan grandilocuentes como vacíos, salvo quizás, la parte que no se ve.

Al estatuto recién firmado le correspondía haber sido el de la transición de Correos, y venir rebosante de consenso y de aportaciones valientes e imaginativas. Ni por lo más remoto. Es el del compadreo, el de las batallitas sectarias y el de la lucha épica contra el absentismo (épica... y torpe donde las haya. Los resultados no tardarán en dar la razón a quien la tenga). También ha sido el de internet y el de un poquito de información para todos. ¡Vaya problema para las organizaciones cooperantes!

Napoleón Boina Aparte