Por situarnos, más que nada

Se trata de un comentario personal al documento “Bases para la reforma de C y T”, escrito en 1.999 y en buena medida válido y vigente en 2.006.
En diferentes ocasiones me había llegado alguna referencia a él, pero hasta ahora no había tenido ocasión de leerlo. Mi agradecimiento a “ercarterorural” por facilitarnos el enlace

“http://www.cgt.es/correos/p8/basreforma.htm”,

y a CGT por hospedarlo en su Web y permitir el libre acceso, incluso a los que no somos afiliados.

Parece que iba a ser confidencial, para conocimiento y uso exclusivo de la Dirección, pero no tardó en filtrarse creando cierta alarma, tras lo cual se difundió una especie de comunicación oficial que intentaba restarle importancia, señalando que se trataba únicamente de opiniones de una consultora privada cuyo nombre no aparece en el documento.
Creo recordar que por entonces eran los de Arthur-Andersen quienes cortaban el bacalao en Correos. Lo de la opinión externa y sin ningún peso no es creíble, sencillamente.
Para aproximarnos al tema con un poco de realismo no se puede olvidar la extendida costumbre de contribuir a la financiación de los partidos políticos encargando informes carísimos, cuya principal utilidad es hacer llegar un dinero desde la empresa X hasta el partido Y, pasando por la consultora Z.
Para que esto funcione conviene que el informe sea de alto precio, como ya se ha indicado, y de bajo coste, para que no se pierda mucho caudal por el camino.
Podemos imaginarnos a cuatro escribientes que toman ideas de donde las hay (en el entorno de la empresa, ¿dónde mejor?), y con ellas redactan el informe encargado.
En este caso la parte fundamental de dicho informe está en la página ocho del documento, bajo el título “El futuro, la reorganización de C y T”, y la propia consultora reconoce que se ha tomado de un proceso de análisis y crítica realizado por la “Dirección General” (así denominan a quienes dirigían Correos), de resultas del cual se había elaborado un plan de reorganización que contenía las soluciones propuestas por esta gente de la Casa, y que la consultora asume sin ninguna objeción.
Desde este punto de vista hay que calificar de inteligente el análisis del sindicato, CGT, que vio, detrás de todo esto, las reales y verdaderas intenciones de nuestros dirigentes y no las opiniones de cuatro ejecutivos ajenos, como se pretendía que creyésemos. Y de honesta y coherente su defensa de los dos colectivos que iban a resultar claramente perjudicados en el experimento: El usuario de un servicio público venido a menos, y el trabajador, muy especialmente el funcionario, firme candidato a ser desposeído de sus derechos, legítimamente adquiridos.
Por el contrario, el comportamiento de las organizaciones cooperantes (CCOO, UGT y CSI-CSIF) solo se explica desde dos supuestos:
Uno, poco probable, no leyeron bien, no se enteraron, y por inercia se limitaron a secundar la estrategia del despiste y el tranquilizante desplegada por la Dirección y a aprovechar el asunto para desacreditar a sus rivales sindicales, tachándolos de visionarios catastrofistas.
Otro, mucho mas probable, sabían y saben perfectamente que el futuro se describía en aquel documento, que había consenso para llevar adelante el proyecto que debería desembocar en Correos, SA, una potente multinacional del sector, tras una travesía parecida a la que han recorrido otras empresas salidas de la órbita pública, como Telefónica, Endesa, Repsol, Tabacalera... Política y económicamente lo correcto, casi diría que lo obligado, era intentarlo. Y lo sigue siendo.
La estrategia sindical correcta no era sumarse al proyecto con más entusiasmo que nadie, demostrando haber “entrado en la modernidad”; era no oponerse demasiado e inmediatamente volver la vista hacia los trabajadores, a quienes tienen la obligación de proteger. Esta es su principal razón de ser. Para planificar ya está el empresario, y en su caso los políticos.
No solo no lo hicieron, durante este tiempo se han dedicado a engañar, a ocultar a apaciguar. A un sindicato se le debe exigir bastante más sensibilidad para con los que van a pagar los platos rotos, muchos de ellos afiliados suyos.
Dicen que así salvan empleo y que defienden nuestros intereses “a largo plazo”. ¡Listillos! Vale, pues ya les votaremos a largo plazo, en estas próximas elecciones harías muy bien en mandarlos ATPC.

Nada más empezar la lectura del “Bases...” nos encontramos con una auténtica declaración de intenciones. Se trata, dice, de “...insertar a C y T en el mercado de los servicios, en condiciones tales que sea capaz de competir en ese mercado liberalizado y global”. Por tanto sólo faltaría adivinar lo que nuestros dirigentes creen que impide a Correos competir airosamente para poder prever lo que van a modificar en cuanto puedan.
Una de esas cosas es la estructura de la plantilla; la fuerte presencia de personal funcionario cuyo objetivo natural es dar un buen servicio público, no siempre compatible con el de maximizar el beneficio, o las ventas.
Continúa el documento con un análisis del mercado postal y de la posición de Correos en él; bastante lúcido, por cierto, si exceptuamos el último punto, dedicado a Chonopost.
Por el contrario, me parece que desvaría en el apartado siguiente, titulado “Clima laboral propicio al cambio”:
Las bases no hemos pedido cambio ninguno, ni siquiera nos lo han preguntado. Más aún, dudo mucho que mayoritariamente nos prestásemos voluntariamente a trabajar a destajo por amor al resultado contable del ejercicio, lo que en el mejor de los casos permitiría engordar escandalosamente la cartera de unos pocos grandes accionistas, cuatro directivos espabilados y algún sindicalista no demasiado escrupuloso.
Que lo hayan pedido algunos sindicatos podría ser, o simplemente que lo hayan dado por bueno si se les ha planteado.
En la última parte del documento se nos descubren los proyectos que nuestros dirigentes de la época (año 99) tenían para Correos, ejecutados actualmente en buena parte y cuyas consecuencias nos afectan hoy. Sin duda.
Es posible que una parte de dichos proyectos ya se hubiese planteado anteriormente, pero incluso en ese caso, al discurso del 99 no lo invalidaría el hecho de no ser original. Más bien al contrario, la reiteración en estas circunstancias puede considerarse como indicio de firmeza, de vigencia, de validez.
Bien, ¿y cuáles eran tales planes?
Pues se nos habla de orientación al mercado, ofreciendo calidad y adaptándose a las necesidades o a los deseos del cliente que estaría dispuesto a pagar un precio, y todo ello con la intención de ser rentables.
Esto no es malo en principio, sólo que es un objetivo típico de la empresa privada.
Ni rastro del servicio público que la Sociedad demanda. Nada que ver con una colección de productos diseñada por la Administración para cubrir las necesidades básicas del país en materia de comunicaciones postales y telegráficas, a un precio asequible.
En aras del sacrosanto objetivo de la rentabilidad se les ha ocurrido proponer tres iniciativas:
1) La transformación de Correos en S A.-
El camino ha sido largo, pero ya está prácticamente andado. Para los que piensan que lo realmente perseguido es la PRIVATIZACIÓN faltaría un último paso consistente en la transmisión (total o parcial) de la propiedad de las acciones a manos privadas, con su correspondiente acceso a la gestión de la sociedad.
2) Transformar Correos en un grupo empresarial.-
Desglosando lo que hay en un verdadero enjambre de saciedades anónimas cuasi-autonomas.
Esto, hecho prudentemente, podría añadir valor en el sentido de que la suma de las partes algunas veces es mayor que el todo. Pero lo que se está proponiendo en el documento es una verdadera exageración. Eso sí, tendría la virtud de generar un montón de puestos de alto nivel, adecuados para colocar en ellos a personajes afines e “idóneos”.
En paralelo, saben perfectamente que para competir en el mercado global se requiere tamaño y una fuerte implantación internacional. No hace falta ir muy lejos a buscar modelos que lo han conseguido, partiendo de donde ahora está Correos, poco más o menos.
3) La reordenación de la plantilla.-
Se trata lisa y llanamente de sustituir personal funcionario y con derechos, imbuido de la cultura del servicio público, por trabajadores, con o sin la denominación de funcionario, con menos derechos, y mentalizados, por las buenas o por las malas, de que el gran objetivo de su vida es la consecución del beneficio empresarial.
En esta línea ya han avanzado bastante. Crearon le Relación General de Empleos, de puestos tipo no reconocidos por la Administración, y hacia ella han ido llevando con silencios y medias verdades, con la complicidad de las trillizas, a una cierta cantidad de funcionarios que estaban por derecho en la vieja RPT, dentro de la Administración.
Ofrecen masivamente empleo a laborales (consolidación de los 10.000, ahora la de los 7.000 y supongo que habrá más no tardando mucho) y por el contrario no ingresa ningún funcionario y se procura facilitar la salida a los que hay, aunque por ahora solo tímidamente. Si alguien no ve aquí el deseo, la intención, de alterar la estructura de la plantilla será porque no lo quiere ver.
Sin entrar a valorar si todo este proceso de cambio es bueno o malo, si es conveniente o no lo es, doy por sentado que se está ejecutando y que habrá ganadores y perdedores (siempre los hay en estos casos), y estoy profundamente preocupado porque el colectivo del personal funcionario, al que pertenezco y me parece que se nota, es un serio candidato a perdedor.
Salvo que hagamos algo, y aquí viene el segundo problema: Me gustaría estar equivocado, pero lo que percibo es que nuestra capacidad de presión o de respuesta o de negociación anda muy cerca del cero absoluto, y que no va a ser fácil sacarla de ahí. Lo impide una Dirección que no sé si alguna vez terminará de encontrar el norte en materia de recursos humanos, secundada por las tres organizaciones vergonzosamente colaboracionistas que todos tenéis en mente.

Crónica de los derechos perdidos.

Al comprar un coche has adquirido el derecho de propiedad sobre ese bien y ninguna persona cabal aplaudiría el hecho de que te lo roben.

Si has estudiado lo suficiente y te has doctorado en Medicina, nadie debería impedirte ejercer la profesión de médico, sólo porque en ese momento le venga bien hacerlo.

Los funcionarios de Correos hemos superado una oposición, ejecutada con todos los requisitos y formalidades previstos en la ley, y eso nos otorga el derecho a ser funcionarios, ¡servidores públicos! Ningún ciudadano de bien debería discutirnos ese derecho, tan legítimamente adquirido como los dos primeros que he enunciado.

Mientras el objetivo de la empresa en que trabajamos, Correos y Telégrafos, sea proporcionar a la sociedad un servicio que demanda, a un coste razonable (¡sin más pretensiones económicas!), se estará cumpliendo una condición necesaria, aunque no suficiente, para que podamos ser y sentirnos servidores públicos.

Si por el hecho de que la empresa va a privatizarse; o porque está de moda; o por la razón que sea, resulta que sus verdaderos objetivos pasan a consistir en ganar cuota de mercado; en mejorar ratios (de eficiencia, de rentabilidad...); en elevar cada año los beneficios... en ese caso se estará cumpliendo una condición más que suficiente para que no podamos ejercer el derecho que nos corresponde a desarrollar nuestra vida laboral con arreglo a los cánones de la Función Pública.

Seremos asalariados de esa empresa, y estaremos sirviendo, antes que nada, a los intereses de unos accionistas, sean quienes sean; persiguiendo los objetivos que ellos nos habrán marcado por medio de sus ejecutivos; intereses y objetivos que inicialmente son ajenos a nosotros.

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Éste es, compañeros de los sindicatos que dicen haber entrado en la modernidad, el primero de los derechos que los funcionarios de Correos estamos perdiendo mientras vosotros silbáis, mirando para otro lado. Lamentable.

Pienso que haríais bien en asumirlo e incorporarlo a vuestro discurso, porque empeñaros en cantarnos esa nana cuya letra dice:

“aquí no pasa nada/ a ver, ¿qué derechos se han perdido?/ tranquilos tíos/ estamos salvando 60.000 empleos”

por fuerza os tiene que pasar factura, y no tardando mucho.

Cada vez se lo cree menos gente, aunque solo sea por el poder de persuasión que tienen los hechos que nos afectan directamente y nos gritan a diario que esto no es lo que era, ni lo que debería ser.

Y cuando a alguien se le cae la venda empieza a veros... pues quizás aún peor de como que sois.

A partir de ahí se derivan una serie de pérdidas concretas. Por ejemplo la carrera profesional.

Es evidente, desde esta perspectiva, que para los puestos de responsabilidad no interesa gente con vocación de servicio público que haya promocionado hasta ahí por sus méritos y por su capacidad. Convienen personas que deban el cargo al dedo benefactor, “idóneas” y removibles, para poder sustituirlas si en algún momento dejasen de ser idóneas por cualquier causa.

Aquí no encaja la promoción interna, tal como se entiende en la Función Pública, y por eso no la hay.

Decir que sí la hay porque han sacado 350 plazas para 35.000 funcionarios en siete años, es casi como decir que todos los carteros somos millonarios porque a uno le tocó la primitiva.

Visto desde otro lado: Sea cual sea nuestro puesto, tenemos derecho al beneficio de no sufrir a un capataz, sino a tener un jefe que ha llegado a serlo precisamente por sus méritos y su capacidad; es decir, que probablemente será una persona y un profesional.

Hoy, estamos de suerte, aún podemos encontrar algunos honrosos ejemplares de esta especie, mezclados con trepas, latigueros, acosadores e incompetentes con carné. Pero sólo es por inercia, no porque el sistema lo propicie.

Ya te puedes hacer a la idea de que si un día la cuenta de resultados no brilla en positivo y lo suficiente, esta gente será presionada hasta conseguir que se nos dé una vuelta de tuerca más. Una o las que hagan falta.

Y si tú eres funcionario ¿por qué tiene que importarte el beneficio del accionista, los “bonus” que se reparten nuestros directivos y las cantidades que se destinan a comprar la paz social? Deberías tener derecho a que todo eso te resbale. Pero resulta que no es así. Y probablemente puedas observar que cada vez lo es menos porque te han metido en este embolado, con el beneplácito de nuestros representantes, donde lo que cuenta no es el beneficio de la sociedad en conjunto, sino el de este su cortijito, que por cierto, tiene encomendado el Servicio Postal Universal, un derecho de todos los españoles que se respeta... de aquella manera.

Aunque mi voto es contrario a la privatización de los servicios públicos, desde una postura respetuosamente democrática puedo entender y admitir que nuestros legítimos gestores hayan decidido que Correos y su personal deban conducirse con arreglo a criterios de empresa privada. Pero reconociendo que el personal funcionario no tiene la obligación de participar, de comulgar, con ese proyecto. Por lo tanto tienen que ofrecernos una salida digna, ¡¡ya!! Tendrían que habernos propuesto soluciones, en lugar de parir con nuestros sindicalistas pactos tan grandilocuentes como vacíos, salvo quizás, la parte que no se ve.

Al estatuto recién firmado le correspondía haber sido el de la transición de Correos, y venir rebosante de consenso y de aportaciones valientes e imaginativas. Ni por lo más remoto. Es el del compadreo, el de las batallitas sectarias y el de la lucha épica contra el absentismo (épica... y torpe donde las haya. Los resultados no tardarán en dar la razón a quien la tenga). También ha sido el de internet y el de un poquito de información para todos. ¡Vaya problema para las organizaciones cooperantes!

Napoleón Boina Aparte